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Inicio - Derechos - DLDC - Articulo125
 
DLDC
Articulo125

                                                                         Buenos Aires, 06 de diciembre de 2005.-

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sanciona con fuerza de Ley

Ley Orgánica del Ministerio Público-

Título I:
Estructura y caracterización del Ministerio Público

Capítulo I: Principios Generales.

Artículo 1°.- Caracteres. Definición: el Ministerio Público integra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotado de autonomía funcional y autarquía, cuya función esencial consiste en promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.

Artículo 2°.- Principio de Independencia: El Ministerio Público ejerce sus funciones específicas de modo objetivo con estricta observancia de la legalidad general, en coordinación con las demás autoridades del Poder Judicial y con los restantes poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque sin sujeción a directivas, instrucciones ni condiciones que se impartan o establezcan por sujetos ajenos a su estructura.

Artículo 3°.- Autonomía Funcional: El Ministerio Público debe ejercer la defensa del interés social, de modo imparcial, observando los principios de legalidad y unidad de actuación, con plena independencia funcional respecto de los poderes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El gobierno y administración del Ministerio Público estarán a cargo de sus titulares y de los magistrados que se determinan en la presente ley, con los alcances y conforme las competencias que en la misma se establecen.

Artículo 4°.- Unidad de actuación: cada uno de los tres (3) ámbitos que integran el Ministerio Público actúa conforme al principio de unidad e indivisibilidad, sin perjuicio de la especificidad de sus funciones y la diversidad de los intereses que deben atender. Cada uno de sus integrantes en su actuación representa al Ministerio Público en su conjunto.

Artículo 5°.- Organización jerárquica: La organización jerárquica dentro de cada ámbito del Ministerio Público, y en los respectivos fueros, constituye el fundamento de las facultades y responsabilidades disciplinarias que en esta ley se reconocen a los distintos magistrados o funcionarios que lo integran y determina que cada uno de sus miembros controle el correcto desempeño de sus funciones por parte de los/as magistrados/as o los/as funcionarios/as de menor nivel jerárquico y quienes los/las asisten.

Los titulares de cada uno de los tres organismos que componen el Ministerio Público elaboran criterios generales de actuación de sus integrantes, los que deben ser públicos y comunicados por escrito a cada uno de ellos/as y simultáneamente a la Legislatura y al Consejo de la Magistratura de la C.A.B.A. Estos criterios no pueden referirse a causas o asuntos particulares ni ser contradictorios con la misión de cada integrante del Ministerio Público de promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad.

Capítulo II: Composición e Integración.

Artículo 6°.- Composición: El Ministerio Público está integrado por tres (3) ámbitos independientes entre sí:

  1. Fiscalía General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un o una Fiscal General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley;
  2. Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Defensor o una Defensora General, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente ley;
  3. Asesoría General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de un Asesor o una Asesora General Tutelar, y los/las demás magistrados o funcionarios/as que se establecen en la presente Ley.

Artículo 7°.- Integración: cada ámbito del Ministerio Público estará compuesto por los siguientes niveles:

  1. Fiscalía General:
  2. a.- Fiscalías Generales Adjuntas
  3. b.- Fiscalías ante las Cámaras de Apelaciones
  4. c.- Fiscalías ante los Juzgados de Primera Instancia.
  5. Defensoría General:
  6. a.- Defensorías Generales Adjuntas
  7. b.- Defensorías ante las Cámaras de Apelaciones
  8. c.- Defensorías ante los Juzgados de Primera Instancia.
  9. Asesoría General Tutelar:
  10. a.- Asesorías Generales Adjuntas
  11. b.- Asesorías ante las Cámaras de Apelaciones
  12. c.- Asesorías ante los Juzgados de Primera Instancia.

Artículo 8°.- Designación: El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar son designados/as por el Jefe o la Jefa de Gobierno con el acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura.

Los/las restantes fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras tutelares, a excepción de los designados por los arts. 32, 39 y 50, que actúen ante instancias judiciales inferiores, son designados/as por el voto de la mayoría absoluta de la Legislatura, a propuestas del Consejo de la Magistratura, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 126 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 9°.- Procedimiento: El procedimiento para la designación de los/as magistrados establecidos/as en el artículo 7° de la presente ley -con excepción del Fiscal General, de los Fiscales Generales Adjuntos/as, el Defensor General, de los Defensores/as Generales Adjuntos/as, el Asesor General Tutelar y los/as Asesores/as Generales Adjuntos/as- es el previsto en los artículos 118 y 120 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 10.- Para ser designado/a Fiscal General, Defensor o Defensora General, y Asesor o Asesora General Tutelar se exigen los mismos requisitos que el artículo 112 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece para ser miembro del Tribunal Superior de Justicia.

Para ser fiscales, defensores o defensoras y asesores o asesoras ante las instancias judiciales inferiores, a excepción de los designados por los artículos 32, 39 y 50, deben reunirse las condiciones exigidas para ser juez o jueza de cámara o de primera instancia, según las correlaciones y equiparaciones que resultan de la presente ley.

Artículo 11.- Juramento o compromiso: los/as magistrados del Ministerio Público, en todas sus jerarquías, al tomar posesión de sus cargos prestan juramento o manifiestan compromiso ante sus superiores jerárquicos de desempeñarlos leal y legalmente, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de ellos/ellas dependa, la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales. El o la Fiscal General, el Defensor o la Defensora General y el Asesor o la Asesora General Tutelar prestan juramento o manifiestan compromiso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo12.- Remuneraciones - jerarquía: las remuneraciones de los/as magistrados del Ministerio Público se determinan del siguiente modo:

  1. el/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, perciben una remuneración equivalente a la de Juez/a del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
    Idéntica remuneración percibirán quienes efectuaren sus reemplazos por las causales enumeradas en el art. 16 durante períodos superiores a los treinta (30) días;
  2. el o la Fiscal General Adjunto/a, el Defensor o Defensora General Adjunto/a, el Asesor o la Asesora General Tutelar Adjunto/a perciben una remuneración equivalente a la de un juez o jueza de cámara, incrementada en un cincuenta por ciento (50%) de la diferencia de la remuneración existente entre la correspondiente a estos y la que perciben los/as jueces o juezas del Tribunal Superior. En los restantes aspectos de su función se hallan equiparados al de un juez o jueza de Cámara de Apelaciones.
  3. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires perciben una remuneración equivalente al haber de un Juez o Jueza de Cámara;
  4. los o las Fiscales, Defensores o Defensoras y Asesores o Asesoras Tutelares ante los juzgados de primera instancia perciben una remuneración equivalente al haber del Juez o Jueza de aquel rango.
  5. Las equiparaciones indicadas se extienden a todos los efectos patrimoniales, provisionales y tributarios.

Idéntica equiparación, con la salvedad establecida en el apartado b) in fine, se establece en cuanto a jerarquía, autoridad, protocolo y trato.

Artículo 13.- Inmunidades: los/as magistrados del Ministerio Público a que se refieren los incisos a), b), c) y d) del artículo anterior gozan de las mismas inmunidades y prerrogativas que los legisladores y no pueden ser molestados o enjuiciados por las opiniones que viertan en sus dictámenes o intervenciones en los procesos ni, en general, por las acciones que desarrollen en el ejercicio de sus funciones dentro de sus respectivas competencias.

Las inmunidades pueden ser levantadas, ante requerimiento judicial, con garantía de defensa:

  1. para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refiere el inciso a) del artículo anterior por el procedimiento previsto en el artículo 92 (juicio político) de la Constitución de la Ciudad.
  2. para el caso de los miembros del Ministerio Público a que se refieren los incisos b), c) y d) del artículo anterior por el Jury de Enjuiciamiento integrado conforme los artículos 121 y 126 in fine de la Constitución de la Ciudad.

Los hechos que afectaren el ejercicio de las funciones de los miembros del Ministerio Público provenientes de los poderes públicos, deben ser puestos en conocimiento de los titulares de los respectivos ámbitos quienes se hallarán facultados para requerir las medidas que fueren necesarias para preservar el desempeño de dichas funciones.

Están exentos/as de la obligación de comparecer a prestar declaración como testigo ante los tribunales, pudiendo responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes.

Los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas en que intervengan como tales.

Artículo 14.- Incompatibilidades: los o las integrantes del Ministerio Público se encuentran alcanzados por las mismas incompatibilidades e inhabilidades que establecen la Constitución de la Ciudad, las leyes y los reglamentos respecto de los/las jueces o juezas a quienes se hallen equiparados. No podrán ejercer las funciones inherentes al Ministerio Público quien fuere cónyuge o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de los/las magistrados/as judiciales ante quienes desempeñe su ministerio.

Artículo 15.- Recusación y excusación: los/as magistrados del Ministerio Público pueden ser recusados/as por las mismas causales establecidas respecto de los jueces o las juezas, en las leyes procesales que se apliquen en las causas en que intervengan, con excepción las relativas a la causal de prejuzgamiento.

En los mismos supuestos deben abstenerse de intervenir en las causas que les fueren asignadas. Pueden hacerlo también, cuando existieren motivos graves de decoro o delicadeza que obstaren a su actuación imparcial.

Cuando se produjere la excusación de un magistrado del Ministerio Público, el que recibe el expediente por aplicación del mecanismo de sustitución o reemplazo, puede rechazar la causal invocada, en cuyo caso se dará intervención a el o la Fiscal General, el Defensor o la Defensora General, el Asesor o la Asesora General Tutelar, según corresponda, a efectos de dirimir la contienda.

En ningún caso se admite la recusación sin causa.

Artículo 16.- Sustitución: El/la Fiscal General, el/la Defensor/a General y el/la Asesor/a General Tutelar, en el ámbito de sus respectivas competencias establecen los mecanismos de reemplazo de los magistrados del Ministerio Público, para los casos de recusación y excusación.

Título II:
De las funciones del Ministerio Público

Capítulo I:
Normas Generales

Artículo 17.- Competencia: corresponde al Ministerio Público:

  1. Intervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interés de la sociedad y el orden público.
  2. Promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
  3. Promover y ejercitar la acción pública en las causas contravencionales y penales, salvo cuando para intentarlas o proseguirlas fuere necesario instancia o requerimiento de parte, de conformidad con las leyes aplicables.
  4. Velar por la observancia de los derechos humanos en los establecimientos y lugares de detención de personas, a fin de que los/las reclusos/as y detenidos/as sean tratados con el debido respeto hacia su persona, no sean sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y tengan oportuna asistencia jurídica, médica, hospitalaria y las demás que resultaren necesarias para el cumplimiento de dicho objeto, promoviendo las acciones pertinentes cuando se verificare su violación.
  5. Intervenir en los procesos en que se cuestione la validez constitucional de normas jurídicas de cualquier jerarquía, y en los que se alegare privación de justicia.
  6. Velar por la observancia de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes nacionales y locales.
  7. Defender la jurisdicción y competencia de los tribunales, asegurar la normal prestación de la función judicial y velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.
  8. Dirigir la Policía Judicial.
  9. Promover o intervenir en causas concernientes a la protección de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados y sus bienes y requerir todas las medidas conducentes a tales propósitos, de conformidad con las leyes respectivas, cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes y representantes legales, parientes o personas que los tuvieren a su cargo; o hubiere que controlar la gestión de estos últimos.
  10. Ejercer la defensa de la persona y los derechos de los justiciables toda vez que sea requerida en las causas contravencionales, penales o de otros fueros, cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes.
  11. Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura las acciones y omisiones de los/as magistrados y de los/as funcionarios o empleados/as de los tribunales de justicia que consideren susceptibles de sanción disciplinaria.
  12. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 18.- Facultades: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, tiene a su cargo el gobierno y la administración del Ministerio Público, con los alcances establecidos en la presente ley.

Corresponde a cada uno de los titulares:

  1. Representar al ámbito del Ministerio Público a su cargo, en las relaciones con las demás autoridades de la Ciudad y/o el gobierno federal y/o gobiernos provinciales.
  2. Aplicar el reglamento interno del Ministerio Público en sus respectivos ámbitos y ejercer los actos que resultaren necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas.
  3. Convocar a reuniones de consulta a los/as magistrados del Ministerio Público del ámbito a su cargo, de cualquier grado y fuero cuando lo consideren aconsejable, a fin de intercambiar opiniones sobre todo lo concerniente a una mayor eficacia del servicio, procurar la unificación de criterios acerca de la actuación del Ministerio Público y analizar cualquier cuestión que se estimare conveniente.
  4. Elaborar anualmente los criterios generales de actuación de los miembros del Ministerio Público, los que podrán ser modificados o sustituidos antes de cumplirse el año, previa consulta con los/as magistrados actuantes en cada instancia. Todos los criterios que se establezcan deberán constar por escrito, ser públicos y comunicados, simultáneamente a la Legislatura de la Ciudad.
  5. Para el ejercicio de las presentes facultades, así como las restantes competencias que emanan de la presente ley, los titulares de cada ámbito del Ministerio Público pueden actuar en forma conjunta emitiendo las resoluciones que resulten pertinentes.
    Tal modalidad de actuación es necesaria cuando se establecen reglas o pautas de aplicación general para todo el Ministerio Público.
  6. Disponer la cobertura interina de los cargos de Fiscales, Defensores/as y Asesores/as Tutelares en caso de licencia, impedimento o vacancia. Se deberán cubrir los cargos por funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
  7. Designar a los funcionarios y empleados en el marco de las partidas presupuestarias aprobadas por la Legislatura.
  8. Coordinar con el Plenario del Consejo de la Magistratura y con las Comisiones pertinentes, la definición de la planificación estratégica y especialmente de la política judicial y de ejecución presupuestaria para la unificación de los criterios del Poder Judicial de la C.A.B.A. en dicha materia.

Artículo 19.- Cumplimiento de instrucciones. Objeciones: cuando un magistrado/a del Ministerio Público actuare en cumplimiento de instrucciones emanadas de el/la titular del área respectiva, podrá dejar a salvo su opinión personal.

El/la miembro del Ministerio Público que recibiere una instrucción que considerare contraria a la ley, pondrá en conocimiento de el/la titular del ámbito que corresponda, su criterio disidente, mediante informe fundado.

Artículo 20.- Facultades de investigación: los/as magistrados/as del Ministerio Público, en cualquiera de sus jerarquías, pueden requerir, para el mejor cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su competencia, informes a los organismos administrativos, a las empresas prestadoras de servicios públicos y a los particulares, así como disponer la intervención de la autoridad preventora para realizar diligencias y citar personas a sus despachos, sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren los ordenamientos procesales en el ámbito específico de las causas en trámite.

Artículo 21.- El Ministerio Público de la Defensa tendrá a su cargo una Oficina de Asistencia técnica con el fin de contar con los elementos probatorios que garanticen el debido proceso.

Capítulo II:
Administración general y financiera

Artículo 22.- Atribuciones: la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito, a los efectos de la aplicación de las facultades de administración consagradas en el artículo 18 de la presente ley, contarán con las siguientes atribuciones y deberes, en relación a sus respectivas facultades de gobierno:

  1. Dictar reglamentos de organización funcional, de personal, disciplinarios y todos los demás que resulten necesarios para el más eficiente y eficaz cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Ministerio Público por la Constitución de la Ciudad y las leyes, en tanto no resulten contradictorios con los principios generales de los reglamentos del Poder Judicial.
  2. Realizar contrataciones para la administración del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo las Unidades Operativas de Contrataciones correspondientes, aplicando la legislación vigente en materia de contrataciones y coordinando con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de así estimarlo pertinente, el soporte administrativo que éste deberá prestar, en los términos de la cláusula transitoria cuarta de la presente ley, hasta el monto de quinientas mil unidades de compra (500.000, artículo 143 de la Ley 2095).
  3. Coordinar las actividades del Ministerio Público con las diversas autoridades locales, nacionales, provinciales y municipales, requiriendo su colaboración cuando fuere necesario.
  4. Elaborar y remitir al Plenario del Consejo de la Magistratura, a través de la Comisión de Administración y Financiera, el anteproyecto de presupuesto anual y el plan anual de compras del Ministerio Público.
  5. Elaborar y proponer al Plenario del Consejo de la Magistratura las ampliaciones a la estructura orgánica necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas que le son propias.
  6. Reorganizar la estructura interna y realizar las reasignaciones del personal de acuerdo a las necesidades del servicio.

Artículo 23.- Autarquía: A los efectos de asegurar su autarquía el Ministerio Público cuenta con crédito presupuestario propio, el que es atendido con cargo a rentas generales y con los recursos específicos que resulten de la Ley de Presupuesto que anualmente dicte la Legislatura.

Artículo 24.- Ejecución presupuestaria: El Ministerio Público ejecuta el presupuesto asignado dentro de los parámetros de la presente ley y observa las previsiones de las leyes de Administración Financiera del sector público de la Ciudad, con las atribuciones y excepciones establecidas en los artículos 6° y 61 de la Ley 70.

La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar, cada una en su respectivo ámbito podrán solicitar al Consejo de la Magistratura la reasignación de partidas presupuestarias que considere necesarias

Asimismo el Consejo de la Magistratura podrá modificar la distribución funcional del gasto correspondiente al Ministerio Público, previo consentimiento de los titulares de cada rama.

Artículo 25.- Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público: A los efectos de ejercer las competencias y facultades de administración general que involucren al Ministerio Público en su conjunto, se constituye una Comisión Conjunta de Administración, la que se integra con cada uno/a de los/las titulares de cada ámbito o con el/la Adjunto/a al que aquellos/as dispusieren delegarle la competencia. La comisión de forma unánime podrá delegar total o parcialmente su competencia en un funcionario que dispongan y tendrá intervención a en los siguientes asuntos:

  1. Elaboración y aprobación del Reglamento Interno en consonancia con las pautas generales establecidas por el Consejo de la Magistratura. Elaboración y aprobación del Reglamento de Sumarios, que debe garantizar el derecho de defensa y el debido proceso adjetivo.
  2. Confección del anteproyecto de presupuesto y del plan anual de compras del Ministerio Público, conforme las necesidades que cada área establezca.
  3. Organización y dirección de las estructuras mínimas necesarias para el normal y eficiente cumplimiento de las tareas de administración asignadas por la presente ley. A tal propósito y cuando resulte necesario a efectos de evitar la duplicación de estructuras, se podrán establecer acuerdos con el Consejo de la Magistratura, a fin de contar con el soporte administrativo de las estructuras propias de este último.
  4. Confección de las listas de expertos en representación del Ministerio Público que integrarán los jurados de los concursos del sector cada uno en su respectiva área.

Capítulo III:
Régimen Disciplinario

Artículo 26.- Poder disciplinario: La Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General Tutelar ejercen el poder disciplinario sobre sus funcionarios y empleados, en caso de que éstos incumplan los deberes a su cargo pudiendo imponer las siguientes sanciones disciplinarias:

  1. Prevención.
  2. Apercibimiento.
  3. Suspensión de hasta cinco (5) días.

Las facultades disciplinarias sobre los magistrados son ejercidas por el Consejo de la Magistratura en los términos del Artículo 116, inciso 4) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Toda sanción disciplinaria se resuelve previo sumario que se rige por la reglamentación que al efecto se dicte y se gradúa teniendo en cuenta la gravedad de la falta, los antecedentes en la función y los perjuicios efectivamente causados.

La apertura de todo sumario debe ser comunicada al Consejo de la Magistratura.

En ningún caso se utiliza el poder disciplinario para cercenar la autonomía funcional de cada integrante del Ministerio Público.

Las sanciones disciplinarias, aplicadas a funcionarios y empleados del Ministerio Públicos, son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura. El recurso será resuelto por el Plenario, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación.

En el caso de que el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, la Defensoría General o la Asesoría General Tutelar, según corresponda, entienda que por el hecho denunciado pueda corresponder aplicar una sanción mayor a las contempladas en el presente artículo, deberá remitir de inmediato la denuncia sin instrucción alguna, a la Comisión Conjunta de Administración del Ministerio Público.

Una vez iniciada la instrucción por el Tribunal de Disciplina de la Fiscalía General, de la Defensoría General o de la Asesoría General Tutelar, según corresponda, no se podrá aplicar al o los agente/s involucrado/s una sanción mayor a la contemplada en el presente artículo, salvo en el caso de hechos nuevos, supuesto en el cual se deberá seguir el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Artículo 27.- Tramitación del Sumario ante la Comisión Conjunta de Administración.

Arribada la denuncia a la Comisión Conjunta de Administración, se deberá notificar por cédula al denunciado a su domicilio real, y a la asociación sindical a la que el mismo se encuentre afiliado Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Seccional 2, o en el caso de que el trabajador no posea afiliación, a la que éste elija entre ambas, para que ejerza su derecho a designar veedor gremial si lo desea, a los efectos de garantizar el debido proceso y la defensa en juicio.

El veedor gremial tendrá acceso irrestricto al expediente del sumario y a los materiales probatorios, cualquiera sea su estado e incluso si se decretare el secreto de sumario, previa suscripción de su obligación de confidencialidad. Podrá, además, solicitar audiencia a los titulares del Ministerio Público y al funcionario encargado de la tramitación del sumario.

Todas las decisiones que tome la Comisión Conjunta de Administración en el marco del sumario, se deberán adoptar por unanimidad, correspondiendo el archivo de la denuncia en caso de no obtener dicha mayoría.

La suspensión de seis a treinta días, la cesantía o la exoneración, dispuestas por la Comisión Conjunta de Administración son recurribles con efecto suspensivo ante el Consejo de la Magistratura. El recurso será resuelto por el Plenario previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, dentro del plazo de sesenta (60) días, prorrogables por treinta días más. En caso de no obtener resolución en el plazo mencionado se tendrá por firme la sanción dispuesta por la Comisión Conjunta de Administración.

Todo lo referente a la tramitación del sumario ante la Comisión Conjunta de Administración se regirá por el Reglamento de Disciplina del Ministerio Público.

Artículo 28.- Correcciones disciplinarias en el proceso: los/las jueces/juezas y tribunales sólo podrán imponer a los/las miembros del Ministerio Público las mismas sanciones disciplinarias que determinan las leyes para los litigantes por faltas cometidas contra su autoridad o decoro, salvo la sanción de arresto, las cuales serán recurribles ante el tribunal inmediato superior.

El/la juez/jueza o el tribunal, en su caso, deberán comunicar al Consejo de la Magistratura y a los titulares de cada ámbito del Ministerio Público la falta cometida y toda inobservancia que adviertan en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo que aquél desempeña.

Cuando las medidas afectaren al o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora General Tutelar, serán comunicadas al Consejo de la Magistratura y a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Artículo 29.- Mecanismos de remoción: el o la Fiscal General, el Defensor o Defensora General y el Asesor o Asesora General Tutelar sólo pueden ser removidos por las causales y mediante el procedimiento de juicio político establecidos en los artículos 92, 93 y 94 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los/as restantes magistrados/as que componen el Ministerio Público sólo pueden ser removidos de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento, conforme lo dispone el artículo 126 de la Constitución de la Ciudad, por las causales establecidas en el artículo 122 de la misma.

Artículo 30.- Tribunal de Disciplina: la aplicación de las sanciones disciplinarias autorizadas en la presente ley está a cargo del Tribunal de Disciplina correspondiente al ámbito del Ministerio Público en que se desempeñe el imputado.

Cada Tribunal de Disciplina se integra con el/la titular del área, los/las respectivos/as adjuntos/as y un magistrado de Cámara del Ministerio que corresponda. Las decisiones se toman por mayoría de votos y en caso de empate, el/la titular tiene doble voto.

En cada sumario que se sustancie el Tribunal de Disciplina designa instructor/a sumariante de entre sus integrantes, a quien puede asistir el/la Secretario/a Letrado/a del Ministerio Público a quien dicho/a instructor/a designe.

Título III
Del Ministerio Público Fiscal

Capítulo I:
De el o de la Fiscal General.

Artículo 31.- Atribuciones y competencia: corresponde al o la Fiscal General:

  1. Intervenir en las causas que tramiten ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  3. Desistir de los recursos interpuestos por los o las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones mediante resolución fundada.
  4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Fiscal, y supervisar su cumplimiento.
  5. Disponer de oficio, o a pedido de un o una Fiscal de Cámara, la actuación conjunta o alternativa de dos o más magistrados del Ministerio Público Fiscal de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación del Fiscal que se designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa.
  6. Delegar sus funciones en los/las Fiscales Generales Adjuntos/as, de conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.
  7. Nominar su reemplazante entre los/las Fiscales Generales Adjuntos/as para los casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia.

Capítulo II:
De los/las Fiscales Generales Adjuntos/as.

Artículo 32.- El/la Fiscal General, en el ejercicio de sus funciones durante el plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución, podrá:

  1. Designar y remover Fiscales Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán en relación inmediata con éste.
  2. Establecer el número de Fiscales Generales Adjuntos/as que se desempeñarán en las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponda a la Ciudad.

Artículo 33.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Fiscales Generales Adjuntos/as:

  1. Sustituir al o la Fiscal General en las causas sometidas a su dictamen cuando éste/ésta así lo resuelva.
  2. Reemplazar al/la Fiscal General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia, según lo dispuesto por el inciso 7º del artículo 31 de la presente Ley. En caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la presente Ley.
  3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle a los sumariados de su área.
  4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal en las instancias inferiores, cada uno en su ámbito de competencia.
  5. Reemplazar en sus funciones al/la Fiscal General en caso de producirse la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta.
  6. Desempeñar las demás funciones que les asignen la presente, las que le delegue el Fiscal General y las demás leyes y/o reglamentos.

Capítulo III:
De los o las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones.

Artículo 34.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley.

Artículo 35.- Atribuciones y competencia: corresponde a los/las Fiscales ante las Cámaras de Apelaciones:

  1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público Fiscal haya tenido en las instancias anteriores, sin perjuicio de su facultad para desistirla mediante dictamen fundado.
  2. Dictaminar en las cuestiones de competencia e intervenir en los conflictos de esa índole que se planteen entre los/las Fiscales de las instancias inferiores.
  3. Peticionar la reunión de la Cámara en pleno, para unificar la jurisprudencia contradictoria o requerir la revisión de la jurisprudencia plenaria, deduciendo para ello los recursos que establezcan las leyes.
  4. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario.
  5. Dictaminar en las cuestiones de inconstitucionalidad, en los recursos por retardo o denegación de justicia y en los de queja por denegación de recurso.
  6. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a los/las Fiscales ante la primera instancia.
  7. Desempeñar las demás funciones que les acuerden las leyes o reglamentos.

Capítulo IV:
De los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia.

Artículo 36.- Integración: el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas y el Ministerio Público Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario estará integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente ley. El/la Fiscal General establece los criterios de actuación de los/las mismos/as y cuando razones fundadas lo justifiquen, podrá determinar las zonas o distritos donde éstos/éstas deban actuar.

Artículo 37. - Funciones: corresponde a los/las Fiscales ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público Fiscal en el fuero de sus respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Título IV:
Del Ministerio Público de la Defensa

Capítulo I:
Del Defensor o Defensora General

Artículo 38.- Atribuciones y competencia: corresponde al Defensor o Defensora General:

  1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las facultades propias del Ministerio Público de la Defensa, por sí o continuando la intervención de éste en instancias anteriores.
  2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  3. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público de la Defensa, y supervisar su cumplimiento.
  4. Disponer de oficio, o a pedido de un Defensor o una Defensora de Cámara, la actuación conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público de la Defensa, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación del Defensor o Defensora que se designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa.
  5. Delegar sus funciones en los/las Defensores o Defensoras Generales Adjuntos/as, de conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.
  6. Nominar su reemplazante entre los/las Defensores/as Generales Adjuntos/as para los casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia

Capítulo II:
Del Defensor o Defensora General Adjunto/a

Artículo 39.- El/la Defensor/a General, en el ejercicio de sus funciones durante el plazo establecido en el articulo 118 de la Constitución, podrá:

  1. Designar y remover Defensores Generales Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán en relación inmediata con éste.
  2. Establecer el número de Defensores Generales Adjuntos/as que se desempeñarán en las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponda a la Ciudad.

Artículo 40.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Defensores/as Generales Adjuntos/as:

  1. Sustituir al Defensor o a la Defensora General en las causas en que éste/ésta así lo resuelva.
  2. Reemplazar al/la Defensor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia, según lo dispuesto por el inciso 5º del artículo 38 de la presente Ley. En caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la presente Ley.
  3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle a los sumariados de su área.
  4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público de Defensa en las instancias inferiores, cada uno en su ámbito de competencia.
  5. Reemplazar en sus funciones al Defensor o a la Defensora General en caso de producirse la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta.
  6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el Defensor/a General, que le asigne la presente, demás leyes y/o reglamentos.

Capítulo III:
De los Defensores o Defensoras ante las Cámaras de Apelaciones.

Artículo 41.- Integración: el Ministerio Público de la Defensa ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad y el Ministerio Público de la Defensa ante el fuero Penal, Contravencional y de Faltas estará integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley.

Pueden actuar indistintamente en primera o segunda instancia.

El Defensor o la Defensora General establece los criterios generales de actuación de los/as mismos/as.

Artículo 42.- Atribuciones y competencia: corresponde a los Defensores o Defensoras ante las Cámaras de Apelaciones:

  1. Continuar ante ellas la intervención que el Ministerio Público de la Defensa haya tenido en las instancias anteriores.
  2. Desempeñar en el fuero de su competencia, las funciones que la ley confiere a los Defensores o Defensoras ante la primera instancia.

Capítulo IV:
De los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia.

Artículo 43.- Integración: el Ministerio Público de la Defensa ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad estará integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley.

Artículo 44.- Funciones: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia las facultades y deberes propios del Ministerio Público de la Defensa en el fuero de sus respectivas competencias por razón del grado, debiendo realizar los actos procesales y ejercer todas las acciones y recursos necesarios para el cumplimiento de los cometidos que fijasen las leyes.

Artículo 45.- Actuación: corresponde a los Defensores o Defensoras ante los Juzgados de Primera Instancia actuar:

  1. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y representación en juicio de quienes se encontraren ausentes en ocasión de requerirse la defensa de sus derechos.
  2. Cuando fueren designados/as en las respectivas causas judiciales para ejercer la defensa y representación en juicio de quienes invocaren y justificaren pobreza.
  3. Cuando fueren convocados/as para la defensa de los imputados/as en las causas que tramiten ante la justicia penal, contravencional y de faltas.

Artículo 46.- Visita a los lugares de detención: los Defensores o Defensoras de cualquier jerarquía tienen el deber de entrevistar periódicamente las personas detenidas a quienes asisten y deben asistir a los lugares de detención transitoria o permanente, no sólo para tomar conocimiento y controlar la situación de los/las alojados/as en ellos, sino para promover o aconsejar medidas tendientes a la corrección de las anomalías que constataren, en miras al interés social.

Artículo 47.- Búsqueda de ausentes: los Defensores o Defensoras tienen el deber de procurar hallar a sus representados/as cuando estuvieren ausentes, arbitrando los medios idóneos para ello. Cesará su intervención cuando se notificare personalmente al interesado/a y en los demás supuestos previstos en la ley procesal.

Artículo 48.- Asistencia jurídica: los Defensores o Defensoras deben contestar las consultas que les formulen las personas carentes de recursos, asistirlas en los trámites judiciales pertinentes oponiendo todo tipo de defensas y apelaciones en los supuestos que a su juicio correspondieren y patrocinarlas para la obtención del beneficio de litigar sin gastos.

Título V:
Del Ministerio Público Tutelar

Capítulo I:
Del Asesor o Asesora General Tutelar.

Artículo 49.- Atribuciones y competencia: corresponde al Asesor o a la Asesora General Tutelar:

  1. Ejercer ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las facultades propias del Ministerio Público Tutelar, por sí o continuando la intervención de éste en instancias anteriores.
  2. Promover la acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia prevista en el artículo 113, inciso 2°) de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  3. Desistir de los recursos interpuestos por los Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras de Apelaciones mediante resolución fundada.
  4. Fijar normas generales para la distribución del trabajo del Ministerio Público Tutelar, y supervisar su cumplimiento.
  5. Disponer de oficio, o a pedido de un Asesor o una Asesora Tutelar de Cámara, la actuación conjunta o alternativa de dos o más magistrados/as del Ministerio Público Tutelar, de igual o diferente jerarquía, cuando la importancia o dificultad de los asuntos lo hagan aconsejable. En estos casos la actuación del Asesor o Asesora que se designe se hallará sujeta a las directivas del titular de la causa.
  6. Delegar sus funciones en los Asesores o las Asesoras Generales Tutelares Adjuntos/as, de conformidad con lo previsto en esta ley o en el reglamento del Ministerio Público.
  7. Nominar su reemplazante entre los/las Asesores/as Generales Adjuntos/as para los casos de ausencia, licencia, impedimento o vacancia.

Capítulo II:
Del Asesor o Asesora General Tutelar Adjunto/a.

Artículo 50.- El/la Asesor/a General Tutelar, en el ejercicio de sus funciones durante el plazo establecido en el artículo 118 de la Constitución, podrá:

  1. Designar y remover Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que lo asistan, quienes actuarán en relación inmediata con éste.
  2. Establecer el número de Asesor/a Generales Tutelares Adjuntos/as que se desempeñarán en las materias sobre las cuales ejercerán su competencia, cuya jurisdicción corresponde a la Ciudad.

Artículo 51.- Atribuciones y competencia: Corresponde a los/las Asesores/as Generales Tutelares Adjuntos/as:

  1. Sustituir al Asesor o a la Asesora General Tutelar en las causas en que éste/ésta así lo resuelva.
  2. Reemplazar al/a la Asesor/a General en caso de licencia, impedimento, ausencia o vacancia, según lo dispuesto por el inciso 6º del artículo 49 de la presente Ley. En caso de recusación o excusación, su reemplazo será designado según el mecanismo establecido en el art. 16 de la presente Ley.
  3. Intervenir en las cuestiones disciplinarias y eventuales sanciones que pudieren corresponderle a los sumariados de su área.
  4. Supervisar el funcionamiento del Ministerio Público Tutelar en las instancias inferiores, cada uno en su ámbito de competencia.
  5. Reemplazar en sus funciones al Asesor o ala Asesora General Tutelar en caso de producirse simultáneamente la ausencia, licencia, impedimento o vacancia de éste/ésta y del Asesor o de la Asesora General Tutelar.
  6. Desempeñar las demás funciones que le delegue el/la Asesor/a General Tutelar, que le asigne la presente, demás leyes y/o reglamentos.

Capítulo III:
De los Asesores o Asesoras Tutelares ante las Cámaras de Apelaciones y ante los Juzgados de Primera Instancia.

Artículo 52.- Integración: el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad estará integrado de la forma que se indica en el Anexo 1 de la presente Ley.

Artículo 53.- Funciones: corresponde a los Asesores o Asesoras Tutelares en las instancias y fueros en que actúen:

  1. Asegurar la necesaria intervención del Ministerio Público Tutelar en las cuestiones judiciales suscitadas ante los tribunales de las diferentes instancias, en toda oportunidad en que se encuentren comprometidos los derechos de las personas menores de edad o de los/las incapaces, emitiendo el correspondiente dictamen.
  2. Promover o intervenir en cualquier causa o asunto y requerir todas las medidas conducentes a la protección de los derechos de las personas menores de edad, de los/las incapaces o inhabilitados/as, de conformidad con las leyes respectivas cuando carecieren de asistencia o representación legal; fuere necesario suplir la inacción de sus asistentes o representantes legales, parientes o personas que los o las tuvieren a su cargo, o hubiere que controlar la gestión de estos/estas últimos/as.
  3. Requerir a las autoridades judiciales la adopción de medidas tendientes a resolver la situación de las personas menores de edad, incapaces e inhabilitados/as cuando tomen conocimiento de malos tratos, deficiencias u omisiones en la atención que deben dispensarles, tutores/as, curadores/as o las personas o instituciones a cuyo cuidado se encontraren. En su caso pueden, por sí solos, tomar medidas urgentes propias de la representación promiscua que ejercen.
  4. Intervenir en los términos del artículo 59 del Código Civil en todo asunto judicial o extrajudicial que afectare los derechos de las personas menores de edad o de los/las incapaces, y entablar en defensa de estos/estas las acciones y recursos pertinentes, sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios.
  5. Asesorar a personas menores de edad e incapaces, inhabilitados/as y penados/as bajo el régimen del artículo 12 del Código Penal, así como también a sus representantes necesarios, sus parientes y otras personas que pudieren resultar responsables por los actos de los/las incapaces, para la adopción de todas aquellas medidas vinculadas a la protección de estos/as.
  6. Concurrir con la autoridad judicial en el ejercicio de las funciones y deberes que les incumben de acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.657 y la Ley local 448 (Salud Mental) sobre internación y externación de personas.
  7. Emitir dictamen en los asuntos en que sean consultados por los/las tutores/as o curadores/as públicos/as.
  8. Citar y hacer comparecer a personas a sus despachos cuando, a su juicio, fuere necesario para pedir explicaciones o contestar los cargos que se les formulare, cuando se encontraren afectados los derechos de personas menores de edad o incapaces.
  9. Inspeccionar periódicamente los establecimientos de internación, guarda, tratamiento y reeducación, sean públicos o privados, debiendo mantener informadas a las autoridades judiciales y, por la vía jerárquica correspondiente al Asesor o Asesora General Tutelar, sobre el desarrollo de las tareas educativas y de tratamiento social y médico propuestas para cada internado/a, así como respecto del cuidado y atención que se les otorgue.
  10. Dictaminar en las causas sometidas a fallo plenario cuando la cuestión se refiera al derecho de las personas menores de edad o de los/las incapaces.

Título VI:
De la transferencia del Ministerio Público Nacional

Artículo 54.- Garantías de la transferencia: declárase que la Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es aplicable a los/las integrantes del Ministerio Público Nacional que resultaren transferidos al Poder Judicial de la Ciudad.

Título VII:
Derogaciones y modificaciones normativas

Artículo 55.- Derogaciones: La presente ley deroga toda otra norma que se oponga o resulte contraria a lo dispuesto en ésta.

Artículo 56.- En la elección de los jueces y juezas miembros del Consejo de la Magistratura participan como electores los magistrados del Ministerio Público. El Ministerio Público fiscaliza las elecciones y su escrutinio definitivo.

Cláusulas Transitorias

1. Hasta tanto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebre con el Gobierno Federal el acuerdo con el objeto de transferir los juzgados nacionales de los fueros ordinarios, sus competencias y partidas presupuestarias, en los términos de la Cláusula Transitoria Decimotercera de la Constitución de la Ciudad, las disposiciones de la presente ley referidas a los/las miembros del Ministerio Público con actuación ante esos fueros, quedan suspendidas en su vigencia.

2. Los cargos que se crean por la presente ley se designarán de acuerdo a las necesidades del servicio.

3. La presente ley rige desde los ciento veinte (120) días de su promulgación.

4. Hasta tanto cada ámbito del Ministerio Público asuma plenamente las facultades de administración que le son propias conforme la presente ley, el Consejo de la Magistratura continuará prestando el soporte administrativo correspondiente a las tareas de administración de personal, liquidación de sueldos, servicios de infraestructura y mantenimiento, compras y contrataciones, preadjudicaciones, servicios técnicos informáticos y demás tareas que aseguren el normal funcionamiento.

5. Cláusula Transitoria Quinta: los Fiscales Generales Adjuntos/as, los Defensor/as Generales Adjunto/as y los/as Asesor/as Generales Tutelares Adjuntos/as designados con anterioridad al día 09/12/13 continuarán en sus cargos hasta la ocurrencia de su vacancia, sin perjuicio de las reasignaciones de materia que de acuerdo las facultades conferidas ley realicen los titulares.

Artículo 57.- Comuníquese, etc.

(Texto de la presente Ley conforme Art. 1º de la Ley Nº 4.891, BOCBA N° 4329 del 30/01/2014 y Fe de Erratas Ley Nº 4898, BOCBA Nº 4329 del 30/01/2014)

SANTIAGO DE ESTRADA

JUAN MANUEL ALEMANY

LEY N° 1.903

Sanción: 06/12/2005

Promulgación: De Hecho del 11/01/2006

Publicación: BOCBA N° 2366 del 25/01/2006




 

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