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Administrativo
Gestión y control


DECRETO NACIONAL 2.628/2002

DECRETO REGLAMENTARIO DE LA LEY 25506 SOBRE FIRMA DIGITAL

BUENOS AIRES, 19 de Diciembre de 2002

BOLETIN OFICIAL, 20 de Diciembre de 2002

Vigente/s de alcance general

VISTO

la Ley Nº 25.506, el Decreto Nº 427 del 16 de abril de 1998,

el Decreto Nº 78 del 10 de enero de 2002, el Decreto Nº 333 del 19

de febrero de 1985 y sus modificatorios y la Resolución Nº 194 del

27 de noviembre de 1998 de la ex SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA,

y

CONSIDERANDO

Que la sanción de la Ley Nº 25.506 de firma digital representa un

avance significativo para la inserción, de nuestro país en la

sociedad de la información y en la economía digital, brindando una

oportunidad para el desarrollo del sector productivo vinculado a

las nuevas tecnologías.

Que otros países ya han normado sobre la materia, con positiva

repercusión tanto en el ámbito privado como público.

Que con la sanción de la citada Ley Nº 25.506, de firma digital se

reconoce el empleo de la firma, digital y de la firma electrónica y

su eficacia jurídica en las condiciones que la misma ley establece.

Que dicho reconocimiento constituye un elemento esencial para

otorgar seguridad a las transacciones electrónicas, promoviendo el

comercio electrónico seguro, de modo de permitir la identificación

en forma fehaciente de las personas que realicen transacciones

electrónicas.

Que asimismo, la sanción de la Ley Nº 25.506 otorga un decisivo

impulso para la progresiva despapelización del Estado,

contribuyendo a mejorar su gestión, facilitar el acceso de la

comunidad a la información pública y posibilitar la realización de

trámites por Internet en forma segura.

Que la reglamentación de la Ley Nº 25.506 permitirá establecer una

Infraestructura de Firma Digital que ofrezca autenticación, y

garantía de integridad para los documentos digitales o electrónicos

y constituir la base tecnológica que permita otorgarles validez

jurídica.

Que debe regularse el funcionamiento de los certificadores

licenciados de manera de garantizar la adecuada prestación de los

servicios de certificación.

Que resulta necesario crear un Ente Administrador de Firma Digital,

encargado de otorgar las licencias a los certificadores, supervisar

su actividad y dictar las normas tendientes a asegurar el régimen

de libre competencia en el mercado de los prestadores y protección

de los usuarios de Firma Digital.

Que la citada Ley contempla la creación de una Comisión Asesora

para la Infraestructura de Firma Digital, conformada por un equipo

multidisciplinario de especialistas en la materia, con el fin de

asesorar y recomendar a la Autoridad de Aplicación estándares

tecnológicos, y otros aspectos que hacen al funcionamiento de la

mencionada Infraestructura, por lo cual deben establecerse las

bases para su formación y adecuado funcionamiento.

Que el Decreto Nº 427 del 16 de abril de 1998 ha sido una de las

normas pioneras a nivel nacional e internacional en reconocer la

validez jurídica de la firma digital, para lo cual creó una

Infraestructura de Firma Digital para el Sector Público Nacional

bajo la dependencia de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que esta experiencia ha sido un antecedente fundamental para la

incorporación de la tecnología en la gestión pública, constituyendo

una fuente de consulta para distintas jurisdicciones nacionales y

provinciales.

Que dado que la Ley Nº 25.506 establece una Infraestructura de

Firma Digital de alcance federal, a fin de optimizar el

aprovechamiento de los recursos y las experiencias desarrolladas,

resulta conveniente subsumir la mencionada Infraestructura del

Sector Público Nacional dentro de la creada a nivel federal por la

Ley citada.

Que a tal fin, corresponde derogar el Decreto Nº 427/98, por el

cual se reconoce el empleo de la firma digital en el ámbito de la

Administración Pública Nacional, ya que la Ley Nº 25.506 cubre los

objetivos y el alcance del mencionado Decreto.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud lo dispuesto por el

artículo 49 de la Ley Nº 25.506, y por el artículo 99, inciso 2, de

la Constitución de la Nación Argentina.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

CAPITULO I CONSIDERACIONES GENERALES (artículos 1 al 3)

Objeto

Artículo 1º - La presente reglamentación regula el empleo

de la firma electrónica y de la firma digital y su eficacia

jurídica.

En los casos contemplados por los artículos 3º, 4º y 5º de la Ley

Nº 25.506 podrán utilizarse los siguientes sistemas de comprobación

de autoría e integridad:

a) Firma electrónica,

b) Firma electrónica basada en certificados digitales emitidos por certificadores no licenciados en el marco de la presente reglamentación.

c) Firma digital basada en certificados digitales emitidos por

certificadores licenciados en el marco de la presente

reglamentación,

d) Firma digital basada en certificados digitales

emitidos por certificadores extranjeros que hayan sido

reconocidos

en los siguientes casos:

1. En virtud de la existencia de acuerdos

de reciprocidad entre la República Argentina y el país de origen

del certificador extranjero.

2. Por un certificador licenciado en el país en el marco de la

presente reglamentación y validado por la Autoridad de Aplicación.

Modificado por: Decreto Nacional 724/06 Art.5

Inc. b) sustituido (B.O. 13-06-2006).

Validez de los certificados, digitales emitidos por certificadores no licenciados

Art. 2 - . Los certificados digitales emitidos

por certificadores no licenciados serán válidos para producir los

efectos jurídicos que la ley otorga a la firma electrónica.

Certificados digitales emitidos por certificadores licenciados.

Art. 3º - Los certificados digitales contemplados, en el

artículo 13 de la Ley Nº 25.506 son aquellos cuya utilización

permite disponer de una firma digital amparada por las presunciones

de autoría e integridad establecidas en los artículos 7º y 8º de la

ley citada.

CAPITULO II DE LA AUTORIDAD DE APLICACION (artículos 4 al 6)

Normas técnicas.

Art. 4º - Facúltase a la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS, a determinar las normas y

los procedimientos técnicos para la generación, comunicación,

archivo y conservación del documento digital o electrónico,

según lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley Nº 25.506.

Conservación.

Art. 5º - El cumplimiento de la exigencia legal de

conservar documentos, registros o datos, conforme a la legislación

vigente a la materia, podrá quedar satisfecha con la conservación

de los correspondientes, documentos digitales firmados

digitalmente. Los documentos, registros o datos electrónicos,

deberán ser almacenados por los intervinientes o por terceros

confiables aceptados por los intervinientes, durante los plazos

establecidos en las normas específicas.

Se podrán obtener copias autenticadas a partir de los originales en

formato digital firmado digitalmente.

La certificación de autenticidad se hará de conformidad a los

procedimientos legales, vigentes para el acto de que se trate,

identificando el soporte que procede la copia.

Regulación.

Art. 6º - Facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS a establecer:

a) Los estándares tecnológicos y de

seguridad aplicables en consonancia con estándares internacionales.

b) Los procedimientos de firma y verificación en consonancia con

los estándares tecnológicos definidos conforme el inciso precedente.

c) Las condiciones mínimas de emisión de certificados digitales.

d) Los casos en los cuales deben revocarse los certificados

digitales e) Los datos considerados públicos contenidos en los

certificados digitales.

f) Los mecanismos que garantizarán la validez y autoría de las

listas de certificados revocados.

g) La información que los certificadores licenciados deberán

publicar por internet.

h) La información que los certificadores licenciados deberán

publicar en el Boletín Oficial.

i) Los procedimientos mínimos de revocación de certificados

digitales cualquiera que sea la fuente de emisión, y los

procedimientos mínimos de conservación de la documentación de

respaldo de la operatoria de los certificadores licenciados, en el

caso que éstos cesen su actividad.

j) El sistema de auditoría, incluyendo las modalidades de difusión

de los informes de auditoría y los requisitos de habilitación para

efectuar auditorías.

k) Las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y

revocación de las licencias.

l) Las normas y procedimientos para la homologación de los

dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.

m) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Asesora para la

Infraestructura de Firma Digital.

n) El procedimiento de instrucción sumarial y la gradación de

sanciones previstas en la Ley Nº 25.506, en virtud de reincidencia

y/u oportunidad.

o) Los procedimientos aplicables para el reconocimiento de

certificados extranjeros.

p) Las condiciones de aplicación de la presente ley en el Sector

Público Nacional, incluyendo la autorización para prestar servicios

de certificación digital para las entidades y jurisdicciones de la

Administración Pública Nacional.

q) Los contenidos mínimos de las políticas de certificación de

acuerdo con los estándares nacionales e internacionales y las

condiciones mínimas que deberán cumplirse en el caso de cese de

actividades de un certificador licenciado.

r) Los niveles de licenciamiento.

s) Reglamentar el uso y los alcances de los certificados de firma

digital emitidos por los Registros Públicos de Contratos.

t) Exigir las garantías y seguros necesarios para prestar el

servicio previsto.

u) Las condiciones de prestación de otros servicios en relación con

la firma digital y otros temas cubiertos en la ley.

Nota de redacción. Ver: Resolución 435/04 Art.1

Jefatura de Gabinete de Ministros (B.O. 12-07-2004). Se

aprueba el Reglamento de funcionamiento de la Comisión Asesora

para la Infraestructura de Firma Digital.

CAPITULO III

DE LA COMISION ASESORA PARA LA INFRAESTRUCTURA DE

FIRMA DIGITAL (artículos 7 al 10)

Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma Digital.

Art. 7º - En el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

funcionará la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma

Digital, que se constituirá de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 35 de la Ley Nº 25.506.

Integración.

Art. 8º - La Comisión Asesora para la Infraestructura

de Firma Digital estará integrada multidisciplinariamente por

profesionales de carreras afines a la actividad, de reconocida

trayectoria y experiencia, provenientes de organismos del Estado

Nacional, Universidades, Cámaras, Colegios u otros entes

representativos profesionales.

Para integrar la Comisión Asesora para la Infraestructura de Firma

Digital se deberán reunir los siguientes requisitos: a) Poseer

título universitario, expedido por Universidad Nacional o privada

reconocida por el Estado, correspondiente a carrera profesional de

duración no inferior a CUATRO (4) años, con incumbencias

relacionadas con la materia.

b) Antecedentes académicos y/o profesionales o laborales en la

materia.

Ejercicio de funciones.

Art. 9 - El ejercicio de las funciones

como miembro de la Comisión Asesora para la Infraestructura de

Firma Digital será ad honorem.

Consulta Pública.

Art. 10. - La Comisión Asesora para la

Infraestructura de Firma Digital establecerá los mecanismos que

permitan mantener un intercambio de información fluido con

organismos públicos, Cámaras, usuarios y asociaciones de

consumidores sobre los temas que se está tratando a los efectos de

recibir aportes y opiniones.

Para cumplir con este cometido podrá implementar consultas públicas

presenciales, por escrito o mediante foros virtuales, abiertos e

indiscriminados, o cualquier otro medio que la Comisión considere

conveniente o necesario.

CAPITULO IV DEL ENTE ADMINISTRADOR DE FIRMA DIGITAL (artículos 11 al 17)

Ente Administrador de Firma Digital.

Art. 11. - Créase el Ente Administrador de Firma Digital

dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, como

órgano técnico, administrativo encargado de otorgar las licencias

a los certificadores y de supervisar su actividad, según las

exigencias instituidas por el presente decreto y las normas

reglamentarias,

modificatorias o de aplicación que se dicten en el futuro y de

dictar las normas tendientes a asegurar el régimen de libre

competencia, equilibrio de participación en el mercado de los

prestadores y protección de los usuarios.

Nota de redacción. Ver: Decreto Nacional 1.028/03 Art.1

(B.O. 10-11-2003) SE DISUELVE EL ENTE ADMINISTRADOR DE FIRMA

DIGITAL.

Autoridades del Ente Administrador de Firma Digital

Art. 12. - . El Ente Administrador de Firma Digital será conducido por un

Directorio integrado por TRES (3) miembros, designados por el JEFE

DE GABINETE DE MINISTROS, previo concurso.

Hasta tanto, sea realizado el concurso el JEFE DE GABINETE DE

MINISTROS designará a los integrantes del Directorio, uno de los

cuales ocupará el cargo de Presidente del Ente. El gerenciamiento

del Ente estará a cargo del Coordinador Ejecutivo designado por el

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS.

Funciones del Ente Administrador.

Art. 13. - Son funciones del Ente Administrador: a) Otorgar las licencias

habilitantes para acreditar a los certificadores en las condiciones

que fijen el presente decreto y las normas reglamentarias,

modificatorias o de aplicación que se dicten en el futuro.

b) Fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y

reglamentarias en lo referente a la actividad de los certificadores

licenciados.

c) Denegar las solicitudes de licencia a los prestadores de

servicios de certificación que no cumplan con los requisitos establecidos, para su licenciamiento.

d) Revocar las licencias otorgadas a los Certificadores licenciados

que dejen de cumplir con los requisitos establecidos para su

licenciamiento.

e) Aprobar las políticas de certificación, el manual de

procedimiento, el plan de seguridad, de cese de actividades y el

plan de contingencia, presentado por los certificadores

solicitantes de la licencia o licenciados.

f) Solicitar los informes de auditoría en los casos que

correspondiere.

g) Realizar inspecciones a los certificadores licenciados por sí o

por terceros.

h) Homologar los dispositivos de creación y verificación de firmas

digitales, con ajuste a las normas y procedimientos establecidos

por la presente reglamentación.

i) Disponer la instrucción sumarial, la aplicación de sanciones e

inhabilitar en forma temporal o permanente a todo certificador o

licenciado que no respetare o incumpliere los requerimientos y

disposiciones de la Ley Nº 25.506, el presente decreto y las normas

complementarias.

j) Publicar en Internet o en la red de acceso público de

transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en

forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, números

telefónicos, direcciones de internet y certificados digitales de

los certificadores licenciados.

k) Publicar en internet o en la red de acceso público de

transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en

forma permanente e ininterrumpida, los domicilios, los números

telefónicos, direcciones de internet y certificados digitales de

los certificadores cuyas licencias han sido revocadas.

I) Publicar en Internet o en la red de acceso público de

transmisión o difusión de datos que la sustituya en el futuro, en

forma permanente e ininterrumpida, el domicilio, números

telefónicos, direcciones de internet y certificados digitales del

Ente Administrador.

m) Administrar los recursos generados de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo 16 de la presente reglamentación, provenientes de

las distintas fuentes de financiamiento.

n) Fijar el concepto y los importes de todo tipo de aranceles y

multas previstos en la Ley Nº 25.506 y en el artículo 16 de la

presente reglamentación.

o) Solicitar la ampliación o aclaración sobre la documentación

presentada por el certificador.

p) Dictar las normas tendientes a asegurar el régimen de libre

competencia, equilibrio de parti- cipación en el mercado de los

prestadores y protección de los usuarios.

Obligaciones del Ente Administrador.

Art. 14. - El Ente Administrador tiene idénticas obligaciones que los

titulares, de certificados y que los Certificadores Licenciados, en

su caso, y además debe:

a) Permitir el acceso público permanente a

la nómina actualizada de certificadores licenciados con los datos

correspondientes.

b) Supervisar la ejecución del plan de cese de actividades de los

Certificadores licenciados que discontinúan sus funciones;

c) Registrar las presentaciones que le sean formuladas, así como el

trámite conferido a cada una de ellas.

d) Supervisar la ejecución de planes de contingencia de los

certificadores licenciados.

e) Efectuar las tareas de control del cumplimiento de las

recomendaciones formuladas por el Ente Administrador para

determinar si se han tomado las acciones correctivas

correspondientes.

f) Recibir, evaluar y resolver los reclamos de los usuarios de

certificados digitales relativos a la prestación del servicio por

parte de certificadores licenciados.

Organización del Ente Administrador.

Art. 15. - Dentro del plazo de SESENTA (60) días corridos de la

fecha de constitución del Directorio, el ENTE ADMINISTRADOR DE

FIRMA DIGITAL elevará para su consideración al JEFE DE GABINETE

DE MINISTROS la propuesta de su estructura organizativa y

de su reglamento de funcionamiento.

Recursos del Ente Administrador.

Art. 16. - El Ente Administrador podrá arancelar los servicios que preste para cubrir total o

parcialmente sus costos. Los recursos propios del Ente

Administrador se integrarán con: a) Los importes provenientes de

los aranceles que se abonen por la provisión de los siguientes

servicios:

1.- Servicios de certificación digital,

2.- Servicios de

certificación digital de fecha y hora,

3.- Servicios de

almacenamiento seguro de documentos electrónicos,

4.- Servicios

prestados por autoridades de registro,

5. - Servicios prestados por

terceras partes confiables,

6. - Servicios de certificación de

documentos electrónicos firmados digitalmente

7.- Otros servicios o

actividades relacionados a la firma digital.

b) Los importes provenientes de los aranceles de homologación de

dispositivos de creación y verificación de firmas digitales.

c) Los importes provenientes de los aranceles de certificación de

sistemas que utilizan firma digital.

d) Los importes provenientes de los aranceles de administración del

sistema de auditoría y las auditorías que el organismo realice por

sí o por terceros.

e) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias

bajo cualquier título que reciba.

f) El producido de multas.

g) Los importes que se le asignen en el cálculo de recursos de la

respectiva ley de presupuesto para la administración nacional.

h) Los demás fondos, bienes, o recursos que puedan serle asignados

en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.

Financiamiento del Ente Administrador.

Art. 17. - Instrúyese a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS para

que proceda

a incluir en su presupuesto los fondos necesarios para que el Ente

Administrador pueda cumplir adecuadamente sus funciones.

Transitoriamente, desde la entrada en vigencia de la presente

reglamentación y hasta que se incluyan las partidas necesarias en

el Presupuesto Nacional los costos de financiamiento del Ente

Administrador serán afrontados con el crédito presupuestario

correspondiente a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

CAPITULO V DEL SISTEMA DE AUDITORIA (artículos 18 al 21)

Precalificación de entidades de auditoría.

Art. 18. - La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS convocará a

concurso público para la precalificación de entidades de auditoría entre las

universidades y organismos científicos y/o tecnológicos nacionales

o provinciales, los Colegios y Consejos profesionales, que

acrediten experiencia profesional acorde en la materia, interesadas

en prestar el servicio de auditoría de entidades prestadoras de

servicios de certificación digital. A tal fin, elaborará un Pliego

Estándar de Precalificación de Entidades de Auditoría, y

determinará la periodicidad de la convocatoria.

Informe de auditoría.

Art. 19. - El informe de auditoría evaluará

los sistemas utilizados por el certificador de acuerdo con los

requerimientos de la Ley Nº 25.506, el presente decreto y las

normas complementarias.

Conflicto de intereses.

Art. 20. - Para garantizar la objetividad e imparcialidad de la actividad de auditoría no podrán desempeñarse

en la prestación de servicios de auditoría aquellas entidades o

personas vinculadas con prestadores de servicios de certificación,

lo que será establecido en el Pliego Estándar de Precalificación de

Entidades de Auditoría previsto en el artículo 18 del presente

decreto.

Deber de confidencialidad.

Art. 21. - Las entidades auditantes y

las personas que efectúen las auditorías deben mantener la

confidencialidad sobre la información considerada amparada

bajo normas de confidencialidad por el Certificado Licenciado.

CAPITULO VI DE LOS ESTANDARES TECNOLOGICOS (artículos 22 al 22)

Aplicación provisoria de los estándares vigentes.

Art. 22. - Hasta tanto la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

apruebe los Estándares Tecnológicos de

Infraestructura de Firma Digital en consonancia con estándares

tecnológicos internacionales, mantendrán su vigencia los

establecidos en la Resolución Nº 194/98 de la ex Secretaría de la

Función Publica.

CAPITULO VII DE LA REVOCACION DE CERTIFICADOS DIGITALES (artículos 23 al 23)

Revocación de certificados.

Art. 23. - Se deberán revocar los certificados digitales

emitidos en los siguientes casos:

a) A solicitud del titular

determina que un certificado digital fue emitido en base a

una información falsa que en el momento de la emisión

hubiera sidoobjeto de verificación.

c) Si se determina que los procedimientos de emisión y/o

verificación han dejado de ser seguros.

d) Por condiciones especiales definidas en las Políticas de

Certificación.

e) Por Resolución Judicial o de la Autoridad de Aplicación

debidamente fundada.

f) Por fallecimiento del titular.

g) Por declaración judicial de ausencia con presunción de

fallecimiento del titular.

h) Por declaración judicial de incapacidad del titular.

i) Si se determina que la información contenida en el certificado

ha dejado de ser válida.

j) Por el cese de la relación de representación respecto de una

persona.

CAPITULO VIII DE LOS CERTIFICADORES LICENCIADOS (artículos 24 al 34)

Obtención de la licencia.

Art. 24. - Para obtener una licencia, los

proveedores de servicios de certificación deberán particularizar

las actividades para las cuales requieren la licencia y acreditar

por los medios que este determine ante el Ente Administrador de

Firma Digital:

a) Documentación que demuestre:

1.- En el caso de personas jurídicas, su personería.

2.- En el caso de registro público de contratos, tal condición

3.- En el caso de organización pública, la autorización de su

máxima autoridad para iniciar el proceso de licenciamiento y la

correspondiente aprobación de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 41 de la presente

reglamentación.

b) El cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley; este

decreto y las normas complementarias.

c) Las políticas de certificación para las cuales solicita licencia

que respaldan la emisión de sus certificados, Manual de

Procedimientos, Plan de Seguridad, Plan de Cese de Actividades y

Plan de Contingencia satisfactorias de acuerdo con las normas

reglamentarias.

d) Toda aquella información o requerimiento, que demande la

Autoridad de Aplicación.

Efectos del licenciamiento.

Art. 25. - El otorgamiento de la

licencia no implica que el Ente Administrador de la Infraestructura

de Firma Digital, la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las

entidades auditantes o cualquier organismo del Estado garantice la

provisión de los servicios de certificación o los productos

provistos por el Certificador Licenciado.

Duración de la licencia.

Art. 26. - Las licencias tendrán un plazo

de duración de CINCO (5) años y podrán ser renovadas.

Los certificadores licenciados deberán efectuar anualmente una

declaración jurada en la cual conste el cumplimiento de las normas

establecidas en la Ley Nº 25.506, en el presente decreto y en las

normas complementarias.

Los certificadores licenciados serán sometidos a auditorías anuales.

Causales de caducidad de la licencia.

Art. 27. - El Ente Administrador podrá disponer de oficio,

y en forma preventiva la caducidad de la licencia en los

siguientes casos:

a)

Falta de presentación de la declaración jurada anual.

b) Falsedad de los datos contenidos en la declaración jurada anual.

c) Dictamen desfavorable de auditoría basado en causales graves.

d) Informe de la inspección dispuesta por el Ente Administrador

desfavorable basado, en causales graves.

e) Cuando el certificador licenciado no permita la realización de

auditorías o inspecciones dispuestas por el Ente Administrador.

Reconocimiento de certificados extranjeros.

Art. 28. - De acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de la presente

reglamentación, facúltase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a

elaborar y firmar acuerdos de reciprocidad con gobiernos de países

extranjeros, a fin de otorgar validez, en sus respectivos

territorios, a los certificados digitales emitidos por

certificadores de ambos países, en tanto se verifique el

cumplimiento de las condiciones establecidas por la Ley Nº 25.506 y

su reglamentación para los certificados emitidos por certificadores

nacionales.

Los certificadores licenciados no podrán reconocer certificaciones

emitidas por certificadores extranjeros correspondientes a personas

con domicilio o residencia en la República Argentina. El Ente

Administrador de Firma Digital establecerá las relaciones que los

certificadores licenciados deberán guardar entre los certificados

emitidos en la República Argentina y los certificados reconocidos

de certificadores extranjeros.

Políticas de Certificación.

Art. 29. - La JEFATURA DE GABINETE DE

MINISTROS definirá el contenido, mínimo de las políticas de

certificación de acuerdo con los estándares nacionales e

internacionales vigentes, las que deberán contener al menos la

siguiente información:

a) Identificación del certificador

licenciado.

b) Política de administración de los certificados y detalles de los

servicios arancelados.

c) Obligaciones de la entidad y de los suscriptores de los

certificados.

d) Tratamiento de la información suministrada por los suscriptores,

y resguardo de la confidencialidad en su caso.

e) Garantías que ofrece para el cumplimiento de las obligaciones

que se deriven de sus actividades.

Seguros.

Art. 30. - Derogado por art. 1 del Dec. 724/2006.

Modificado por: Decreto Nacional 724/06 Art.1

Artículo derogado (B.O. 13-06-2006).

Responsabilidad de los certificadores licenciados.

Art. 31. - En ningún caso, la responsabilidad que pueda emanar de

una certificación efectuada por un certificador licenciado,

público o

privado, comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado en

su calidad de Ente Administrador de la Infraestructura de Firma

Digital.

Recursos de los certificadores licenciados

Art. 32. - Para el desarrollo adecuado de las actividades de

certificación, el

certificador deberá acreditar que cuenta con un equipo de

profesionales, infraestructura física tecnológica y recursos

financieros, como así también procedimientos y sistemas de

seguridad que permitan: a) Generar en un ambiente seguro las firmas

digitales propias y todos los servicios para los cuales solicite

licencia.

b) Cumplir con lo previsto en sus políticas y procedimientos de

certificación.

c) Garantizar la confiabilidad de los sistemas de acuerdo con los

estándares aprobados por la Autoridad de Aplicación.

d) Expedir certificados que cumplan con: 1.- Lo previsto en los

artículos 13 y 14 de la Ley Nº 25.506.

2.- Los estándares tecnológicos aprobados por la JEFATURA DE

GABINETE DE MINISTROS.

e) Garantizar la existencia de sistemas de seguridad física y

lógica que cumplimenten las normativas vigentes.

f) Proteger el manejo de la clave privada de la entidad mediante un

procedimiento de seguridad que impida el acceso a la misma a

personal no autorizado.

g) Proteger el acceso y el uso de la clave privada mediante

procedimientos que exijan la participación de más de una persona.

h) Registrar las transacciones realizadas, a fin de identificar el

autor y el momento de cada una de las operaciones.

i) Utilizar con exclusividad los sistemas que cumplan las funciones

de certificación con ese propósito, sin que se les asigne ninguna

otra función.

j) Proteger a todos los sistemas utilizados directa o

indirectamente en la función de certificación con procedimientos de

autenticación y seguridad de alto nivel de protección, que deban

ser actualizados de acuerdo a los avances tecnológicos para

garantizar la correcta prestación de los servicios de certificación.

k) Garantizar la continuidad de las operaciones mediante un Plan de

Contingencia actualizado y aprobado.

I) Disponer de los recursos financieros adecuados al tipo de

actividad de certificación que desarrolla, acorde con los niveles

de responsabilidad derivados de la misma.

Servicios de Terceros

Art. 33. - . En los casos en que el

certificador licenciado requiera o utilice los servicios de

infraestructura tecnológicos prestados por un tercero, deberá

prever dentro de su Plan de Contingencia los procedimientos a

seguir en caso de interrupción de estos servicios, de modo tal que

permita continuar prestando sus servicios de certificación sin

ningún perjuicio para los suscriptores.

Los contratos entre el certificador licenciado y los proveedores de

servicios o infraestructura deberán garantizar la ejecución de los

procedimientos contemplados en el Plan de Cese de actividades

aprobado por el Ente Licenciante. El certificador licenciado o en

proceso de licenciamiento deberá facilitar al Ente Licenciante toda

aquella información obrante en los contratos vinculada a la

prestación de servicios de certificación y a la implementación del

Plan de Cese de actividades y el Plan de Contingencia.

La contratación de servicios o infraestructura no exime al

prestador de la presentación de los informes de auditoría, los

cuales deberán incluir los sistemas y seguridades del prestador

contratado.

Obligaciones del certificador licenciado.

Art. 34. - Además de lo previsto en el artículo 21 de la Ley

Nº 25.506, los certificadores licenciados deberán:

a) Comprobar por sí o por medio

de una Autoridad de Registro que actúe en nombre y por cuenta suya,

la identidad y cualquier otro dato de los solicitantes considerado

relevante para los procedimientos de verificación de identidad

previos a la emisión del certificado digital, según la Política de

Certificación bajo la cual se solicita.

b) Mantener a disposición permanente del público las Políticas de

Certificación y el Manual de Procedimientos correspondiente.

c) Cumplir cabalmente con las políticas de certificación acordadas

con el titular y con su Manual de Procedimientos.

d) Garantizar la prestación establecida según los niveles definidos

en el acuerdo de servicios pactados con sus usuarios, relativo a

los servicios para los cuales solicitó el licenciamiento.

e) Informar al solicitante de un certificado digital, en un

lenguaje claro y accesible, en idioma nacional, respecto de las

características del certificado solicitado, las limitaciones a la

responsabilidad, si las hubiere, los precios de los servicios de

certificación, uso, administración y otros asociados, incluyendo

cargos adicionales y formas de pago, los niveles de servicio al

proveer, las obligaciones que el suscriptor asume como usuario del

servicio de certificación, su domicilio en la República Argentina y

los medios a los que el suscriptor puede acudir para solicitar

aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema o

presentar sus reclamos.

f) Disponer de un servicio de atención a titulares y terceros, que

permita evacuar las consultas y la pronta solicitud de revocación

de certificados.

g) Garantizar el acceso permanente, eficiente y gratuito de los

titulares y terceros al repositorio de certificados revocados.

h) Mantener actualizados los repositorios de certificados revocados

por el período establecido por el Ente Administrador.

i) Abstenerse de generar, exigir, tomar conocimiento o acceder bajo

ninguna circunstancia a la clave privada del suscriptor.

j) Informar al Ente Administrador de modo inmediato la ocurrencia

de cualquier evento que comprometa la correcta prestación del

servicio.

k) Respetar el derecho del titular del certificado digital a no

recibir publicidad de ningún tipo por su intermedio, salvo

consentimiento expreso de éste.

l) Publicar en el Boletín Oficial durante UN (1) día, el

certificado de clave pública correspondiente a la política para la

cual obtuvo licenciamiento; m) Cumplir las normas y recaudos

establecidos para la protección de datos personales.

n) En los casos de revocación de certificados contemplados en el

apartado 3 del inciso e) del artículo 19 de la Ley Nº25.506,

deberá sustituir en forma gratuita aquel certificado digital que ha

dejado de ser seguro por otro que sí cumpla con estos requisitos.

El Ente Administrador deberá establecer el proceso de reemplazo de

certificados en estos casos.

En los casos en los que un certificado digital haya dejado de ser

seguro por razones atribuibles a su titular, el certificador

licenciado no estará obligado a sustituir el certificado digital.

o) Enviar periódicamente al Ente Administrador, informes de estado

de operaciones con carácter de declaración jurada.

p) Contar con personal idóneo y confiable, con antecedentes

profesionales acordes a la función desempeñada.

q) Responder a los pedidos de informes por parte de un tercero

respecto de la validez y alcance de un certificado digital emitido

por él.

*rt. 34 bis - Aceptación por parte de terceros usuarios de documentos electrónicos firmados digitalmente.

Los terceros usuarios que sean personas jurídicas que implementen aplicaciones que requieran firma digital, tienen la facultad de definir las características y requerimientos que deben cumplir las Políticas de Certificación, a los efectos de aceptar documentos electrónicos firmados digitalmente utilizando certificados digitales amparados por dichas Políticas. Dichas características y requerimientos deben ser manifestados previamente en forma clara y transparente a los titulares de certificados que pretendan operar con ellos.

Modificado por: Decreto Nacional 724/06 Art.4

Artículo incorporado (B.O. 13-06-2006).

CAPITULO IX DE LAS AUTORIDADES DE REGISTRO (artículos 35 al 36)

Funciones de las Autoridades de Registro.

artículo 35:

Art. 35. - LosCertificadores Licenciados podrán delegar en Autoridades de Registro

las funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores de certificados y de

registro de las presentaciones y trámites que les sean formuladas,

bajo la responsabilidad del Certificador Licenciado, cumpliendo las

normas y procedimientos establecidos por la presente reglamentación.

Una autoridad de Registro es una entidad responsable de las

siguientes funciones: a) La recepción de las solicitudes de emisión

de certificados.

b) La validación de la identidad y autenticación de los datos de

los titulares de certificados.

c) La validación de otros datos de los titulares de certificados

que se presenten ante ella cuya verificación delegue el

Certificador Licenciado.

d) La remisión de las solicitudes aprobadas al Certificador

Licenciado con la que se encuentre operativamente vinculada.

e) La recepción y validación de las solicitudes de revocación de

certificados; y su direccionamiento al Certificador Licenciado con

el que se vinculen.

f) La identificación y autenticación de los solicitantes de

revocación de certificados.

g) El archivo y la conservación de toda la documentación

respaldatoria del proceso de validación de identidad, de acuerdo

con los procedimientos establecidos por el certificador licenciado.

h) El cumplimiento de las normas y recaudos establecidos para la

protección de datos personales.

i) El cumplimiento de las disposiciones que establezca la Política

de Certificación y el Manual de Procedimientos del Certificador

Licenciado con el que se encuentre vinculada, en la parte que

resulte aplicable.

Responsabilidad del certificador licenciado respecto de la Autoridad de Registro.

Art. 36. - Una Autoridad de Registro puede

constituirse como una única unidad o con varias unidades

dependientes jerárquicamente entre sí, pudiendo, delegar su

operatoria en otras autoridades de registro, siempre que medie la

aprobación del Certificador Licenciado.

El Certificador, Licenciado es responsable con los alcances

establecidos en la Ley Nº 25.506, aún en el caso de que delegue

parte de su operatoria en Autoridades de Registro, sin perjuicio

del derecho del certificador de reclamar a la Autoridad de Registro

las indemnizaciones por los daños y perjuicios que aquél sufriera

como consecuencia de los actos y/u omisiones de ésta.

CAPITULO X DISPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL (artículos 37 al 46)

Despapelización del Estado.

Art. 37. - Sin perjuicio de la

aplicación directa de la ley en lo relativo a la validez jurídica

de la firma electrónica, de la firma digital y de los documentos

digitales, la implementación de las disposiciones de la ley y del

presente decreto para la digitalización de procedimientos y

trámites internos de la Administración Pública Nacional, de las

Administraciones Públicas Provinciales, y de los Poderes

Legislativos y Judiciales del orden nacional y provincial, así como

los vinculados a la relación de las mencionadas jurisdicciones y

entidades con los administrados, se hará de acuerdo a lo que fijen

reglamentariamente cada uno de los Poderes y Administraciones.

Aplicaciones en organismos de la Administración Pública Nacional.

Art. 38. - Las entidades y jurisdicciones pertenecientes a la Administración Pública Nacional podrán ser certificadores licenciados y emitir certificados para agentes y funcionarios públicos y particulares, tanto sean personas físicas como jurídicas. Dichos certificados deberán ser provistos en forma gratuita.

En aquellas aplicaciones en las que la Administración Pública Nacional interactúe con la comunidad, solamente se admitirá la recepción de documentos digitales firmados digitalmente utilizando certificados emitidos por certificadores licenciados o certificados extranjeros reconocidos en los términos del artículo 16 de Ley 25.506.

Modificado por: Decreto Nacional 724/06 Art.2

Artículo sustituido (B.O. 13-06-2006).

Autoridades de Registro pertenecientes a la Administración Pública Nacional.

Art. 39. - En las entidades y jurisdicciones

pertenecientes a la Administración Pública Nacional, las áreas de

recursos humanos cumplirán las funciones de Autoridades de Registro

para los agentes y funcionarios de su jurisdicción. En el caso, y

si las aplicaciones de que se trate lo requieren, la máxima

autoridad del organismo podrá asignar, adicionalmente, a otra

unidad las funciones de Autoridad de Registro.

Agentes y funcionarios.

Art. 40. - La Autoridad de Aplicación podrá

requerir para el cumplimiento de lo establecido en la presente

reglamentación la adscripción de agentes y funcionarios

pertenecientes a las entidades y jurisdicciones comprendidas en el

artículo 8º de la Ley Nº 24.156 y sus modificatorias.

Utilización por las entidades y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional

Art. 41. -.La JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, establecerá las normas de

aplicación de la presente reglamentación en la Administración

Pública Nacional, que deberán contemplar:

a) Las acciones tendientes a promover el uso masivo de la

firma digital con el fin

de posibilitar el trámite de los expedientes en forma simultánea,

búsquedas automáticas de información, seguimiento y control por

parte de los interesados.

b) Las acciones tendientes a implementar la progresiva

despapelización del Estado, a fin de contar en un plazo de CINCO

(5) años con la totalidad de la documentación administrativa en

formato digital.

c) La interoperabilidad entre aplicaciones.

d) La autorización para solicitar el licenciamiento como

certificador ante el Ente Administrador de la Infraestructura de

Firma Digital para las entidades y jurisdicciones de la

Administración Pública Nacional.

e) La participación del Cuerpo de Administradores Gubernamentales a

los fines de difundir el uso de la firma digital y facilitar los

procesos de despapelización.

Presentación de documentos electrónicos.

Art. 42. - Los organismos de la Administración Pública Nacional deberán

establecer mecanismos que garanticen la opción de remisión,

recepción, mantenimiento y publicación de información electrónica,

siempre que esto sea aplicable, tanto para la gestión de documentos

entre organismos como para con los ciudadanos.

Normas para la elaboración y redacción de la documentación administrativa.

Art. 43. - Lo dispuesto en la presente

reglamentación constituye una alternativa a lo establecido por el

Decreto Nº 333/85 y sus modificatorios.

Glosario.

Art. 44. - Apruébase el glosario que obra como Anexo I

del presente Decreto.

Derogación.

Art. 45. - Derógase el Decreto Nº 427/98.

Deroga a: Decreto Nacional 427/98

Art.46. - Comuníquese, publíquese,dése a la Dirección Nacional

del Registro Oficial y archívese.

FIRMANTES

DUHALDE-Atanasof-Alvarez

ANEXO A: ANEXO I GLOSARIO

CANTIDAD DE ARTICULOS QUE COMPONEN LA NORMA 1

artículo 1:

1.- Firma Electrónica: Se entiende por firma electrónica

al conjunto de datos electrónicos integrados, ligados o asociados

de manera lógica a otros datos electrónicos, utilizados por el

signatario como su medio de identificación, que carezca de algunos

de los requisitos legales para ser considerada firma digital. En

caso de ser desconocida la firma electrónica corresponde a quien la

invoca acreditar su validez (artículo 5º, Ley Nº 25.506).

2.- Firma digital: Se entiende por firma digital al resultado de

aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que

requiere información de exclusivo conocimiento del firmante,

encontrándose ésta bajo su absoluto control. La firma digital debe

ser susceptible de verificación por terceras partes, tal que dicha

verificación simultáneamente permita identificar al firmante y

detectar cualquier alteración del documento digital, posterior a su

firma.

Los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para

tales fines serán los determinados por la Autoridad de Aplicación

en consonancia con estándares tecnológicos internacionales vigentes

(artículo 2º, Ley Nº 25.506).

3.- Documento Digital o Electrónico: Se entiende por documento

digital a la representación digital de actos o hechos, con

independencia del soporte: utilizado para su fijación,

almacenamiento archivo. Un documento digital también satisface el

requerimiento de escritura (artículo 6º, Ley Nº 25.506).

4.- Certificado Digital: Se entiende por certificado digital al

documento digital firmado digitalmente por un certificador, que

vincula los datos de verificación de firma a su titular (artículo

13, Ley Nº 25.506).

5.- Certificador Licenciado: Se entiende por certificador

licenciado a toda persona de existencia ideal, registro público de

contratos u organismo público que expide certificados, presta otros

servicios en relación con la firma digital y cuenta con una

licencia para ello, otorgada por el ente licenciante.

La actividad de los certificadores licenciados no pertenecientes al

sector público se prestará en régimen de competencia. El arancel de

los servicios prestados por los certificadores licenciados será

establecido libremente por éstos (artículo 17, Ley Nº 25.506).

6.- Política de Certificación: Conjunto de criterios que indican la

aplicabilidad de un certificado a un grupo de usuarios en

particular o a un conjunto de aplicaciones con similares

requerimientos de seguridad. En inglés Certification Policy (CP).

7.- Manual de Procedimientos: Conjunto de prácticas utilizadas por

el certificador licenciado en la remisión y administración de los

certificados. En inglés Certification Practice Statement (CPS).

8.- Plan de Seguridad: Conjunto de políticas, prácticas y

procedimientos destinados a la protección; de los recursos del

certificador licenciado.

9.- Plan de Cese de Actividades: conjunto de actividades a

desarrollar por el certificador licenciado en caso de finalizar la

prestación de sus servicios.

10.- Plan de Contingencias: Conjunto de procedimientos a seguir por

el certificador licenciado ante situaciones de ocurrencia no

previstas que comprometan la continuidad de sus operaciones.

11.- Lista de certificados revocados: Lista de certificados que han

sido dejados sin efecto en forma permanente por el Certificador

Licenciado, la cual ha sido firmada digitalmente y publicada por el

mismo.

En inglés Certificate Revocation List (CRL).

12.- Certificación digital de fecha y hora: Indicación de la fecha

y hora cierta, asignada a un documento o registro electrónico por

una tercera parte confiable y firmada digitalmente por ella.

13.- Terceras partes confiables: Entidades independientes que

otorgan seguridad y confiabilidad al manejo de la información.

14.- Proveedor de servicios de certificación digital: Entidad que

provee el servicio de emisión y administración de certificados

digitales.

15.- Homologación de dispositivos de creación y verificación de

firmas digitales: Proceso de comprobación efectuado para establecer

la adecuación de los dispositivos a requerimientos mínimos

establecidos.

16.- Certificación de sistemas que utilizan firma digital: Proceso

de comprobación efectuado para establecer la adecuación de un

sistema o aplicación a requerimientos mínimos establecidos.

17.- Suscriptor o Titular de certificado digital: Persona a cuyo

nombre se emite un certificado y posee una clave privada que se

corresponde con la clave pública contenida en el mismo.

18. TERCERO USUARIO: persona física o jurídica que recibe un documento firmado digitalmente y que genera una consulta para verificar la validez del certificado digital correspondiente.

Modificado por: Decreto Nacional 724/06 Art.3

Definición incorporada (B.O. 13-06-2006).




 

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